El MEF podría recomendar vetar el artículo en caso de que la contribución comprometa las finanzas públicas
El estado aportará $1,187 millones anuales. De este monto, $966 serán destinados para el fondo del programa de Invalidez, Vejez y Muerte (IVM).
Los $966 millones que constituyen parte del aporte del estado para aliviar el déficit del fondo de pensiones de la Caja de Seguro Social (CSS) no fueron contemplados en el presupuesto nacional aprobado para el año 2025. El presupuesto para el próximo año pasó por la Asamblea Nacional antes de que el Ejecutivo conociera esta cifra en medio del estudio de diferentes corridas, que finalmente se plasmaron en el anteproyecto que modifica la ley orgánica de la CSS.
En total, el estado aportará $1,187 millones anuales. De este monto, $966 serán destinados para el fondo del programa de Invalidez, Vejez y Muerte (IVM), $158 millones corresponden al aumento patronal que debe pagar el estado a la CSS para alimentar el IVM y la diferencia sigue siendo una obligación del gobierno, pero contratando los servicios de la CSS como agente pagador. Ésta última una medida basada en un servicio que favorece la estructura de pago de la entidad de seguridad social.
Pero no hay garantía de que los diputados aprueben la ley con el aporte que propone el Ejecutivo. Si la cifra que establecen sale de proporción y compromete las finanzas públicas, y el MEF se ve imposibilitado de honrar, “mi recomendación al presidente de la República va a ser que vete el artículo, deben ser manejables”, aseveró a La Estrella de Panamá el ministro Chapman.
Es posible que las modificaciones al texto presentado por el Ejecutivo ocasionen cambios en la cifra que debe aportar el estado a la CSS, en caso de que las propuestas no se hagan acompañar de una fuente de ingresos identificados. Por ejemplo, en la fórmula del Ejecutivo se establecen dos medidas paramétricas.
Una es elevar la edad de jubilación tres años, 65 los hombres y 60 las mujeres, ingresos que ayudarían a mantener la estabilidad del fondo de pensiones. Sin embargo, la propuesta no ha sido bien acogida por los gremios de trabajadores que rechazan el alza. Si finalmente la ley se aprueba sin el incremento en la edad de jubilación, podrían ocurrir dos escenarios, que el estado tenga que poner más plata, a lo que podría oponerse el MEF, o que el modelo no quede en equilibrio y requiera una nueva reforma en los próximos años.
La presión sobre el estado para lograr los aportes a la CSS, en caso de que superen la cifra sugerida por el Ejecutivo, también podrían centrarse en un constante reclamo: mejorar la recaudación de impuestos. Esto no sólo ha sido una petición del gremio de los trabajadores, sino de empresarios y entidades crediticias. El ministro Chapman mencionó recientemente que la evasión del Impuesto de Transferencia de Bienes, Inmuebles y Servicios (ITBMS) asciende a $1,500 millones. De igual forma, Panamá es el país de Latinoamérica que menos impuestos sobre la renta recauda, no supera el 13%, lo que para algunos gremios supone un nicho de ingresos para robustecer las finanzas públicas, la inversión, el funcionamiento y el aporte a la CSS.
Para ello, la Dirección General de Ingresos requiere de una labor intensa de contratación de personal entrenamiento, capacitación y tecnología que tomará tiempo. Las mejoras proyectadas, de acuerdo a fuentes vinculadas al MEF, no ocurren de inmediato, tal vez se verán reflejadas en 2026.
La otra medida paramétrica planteada por el gobierno para alimentar el fondo del IVM consiste en un incremento de tres puntos en la cuota que deben pagar los patronos, públicos y particulares. El número ya genera incomodidad en el gremio empresarial por el sacrificio que significa para las micro, pequeñas y medianas empresas que componen más del 80% del parque empresarial del país. Una alternativa planteada por los empresarios es implementar una gradualidad en el aumento de la cuota, para minimizar el impacto, aunque por ahora se trata de una idea.
Lo anterior, el aporte del estado a la CSS, implica que el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) haga ajustes, cambios en la distribución del presupuesto aprobado para el próximo año, para buscar ahorros, u otras fuentes de ingresos para financiar la contribución. Al inicio la cifra pesará en las finanzas públicas, pero con los años se estima que la carga disminuirá.
La principal fuente de ingresos que nutrirá los $966 millones recae en los excedentes que entrega anualmente el Canal de Panamá al estado, que para el próximo año se calculan en $385 millones. “Esta cifra irá en aumento cada año y el diferencial emanará de la recaudación fiscal”, según indicó a La Estrella de Panamá el ministro de Economía y Finanzas, Felipe Chapman.
Chapman precisó que inicialmente el gobierno había calculado un presupuesto de $26 mil millones, y cuando la ley se aprobó en la Asamblea los diputados elevaron el monto en más de $3 mil millones hasta totalizar $30,111 millones. Por lo tanto, el presupuesto puede dar espacio para aportar los casi $600 millones restantes para completar los $966 millones que comprometió al IVM. Sobre estos aportes, Chapman ya extendió explicaciones a las calificadoras, quienes escucharon con detenimiento las proyecciones del MEF.
La estabilidad en las finanzas de la CSS y la capacidad en el pago de pensiones se observan muy de cerca desde las calificadoras de riesgo. En el pasado, la falta de una reforma al sistema de pensiones y/o el déficit de la CSS constituía una de las condicionantes en las perspectivas a la baja o alza de la calificación de riesgo del país. De igual forma, las modificaciones pueden incidir en el financiamiento del presupuesto, y esto también lo ven con lupa las entidades crediticias.
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